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No, señor alcalde, aún no hemos pasado página

A pesar de que el procesamiento de ambos dirigentes populares haya vuelto a poner a Alicante en el foco mediático de la corrupción, la noticia debería ser bien recibida por aquellos que buscan esclarecer un asunto cuanto menos escabroso y con consecuencias palpables en el devenir de la capital. 

TONI GÁREZ @tonigarez | OPINIÓN – La noticia saltó el pasado martes. El juez Manrique Tejada, tras ocho años de instrucción, por fin resolvió que había pruebas suficientes para procesar a los ex alcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y al empresario Enrique Ortiz por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. En concreto, podrían haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada. Ahí es nada.

Y todo ello en relación con uno de los documentos más importantes de cualquier ciudad a nivel urbanístico, el que establece cuáles son las líneas maestras que debe seguir una urbe para su crecimiento, modernización, respeto medioambiental…

El asunto es muy grave, aunque no deja de ser un ejemplo claro de la política en nuestro país durante la época de los despiporres y el todo vale. Este, aún presunto, amaño ha acarreado a Alicante un claro retraso en su proyección urbanística. Hacerle un traje a medida a Ortiz ralentizó aún más un proceso ya de por sí complejo.

Con un PGOU anticuado (el vigente data de 1987) y con el que iba a ser el nuevo documento desestimado y en los tribunales, la ciudad sigue arrastrando una situación que, si le sumamos la incapacidad del Ayuntamiento para contratar más personal debido al Plan de Ajuste al que está sometido (otra herencia de la gestión del PP de Castedo y Alperi), se hace casi insostenible.

Por ello, y a pesar de que el procesamiento de ambos dirigentes populares haya vuelto a poner a Alicante en el foco mediático de la corrupción, la noticia debería ser bien recibida por aquellos que buscan esclarecer un asunto cuanto menos escabroso y con consecuencias palpables en el devenir de la capital.

Así lo manifestaron el actual edil de Urbanismo y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón (Guanyar Alacant / EU), y el portavoz municipal, Natxo Bellido (Compromís). Pero no fue tan contundente el alcalde, Gabriel Echávarri, quien se limitó a pronunciar un manido “que caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que sean culpables”.

En su opinión, los alicantinos ya han «pasado página» en estos asuntos y quieren mirar hacia el futuro, igual que el actual equipo de gobierno tripartito. Así, en frío, se parece demasiado a los argumentos del PP: dejemos el pasado atrás y centrémonos en el presente. Aún tiene menos explicación cuando el PSOE, junto con Esquerra Unida, está personado en la causa como acusación popular.

¿Qué ocurre si el pasado condiciona la actualidad? ¿Cómo se puede olvidar alguien de la vergüenza de esas escuchas telefónicas publicadas en todos los medios de España? No digo que se deba centrar y justificar toda la labor política actual en la “herencia”, para nada. Pero sí se debería dar el peso que corresponde a los hechos a los que aquí nos referimos.

La última palabra la tendrá la justicia, como no puede ser de otra manera. Pero, no, señor alcalde, los alicantinos aún no hemos pasado página. Al menos no del todo.

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