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Una reunión, dos puntos de vista

Puig y los presidentes de las diputaciones provinciales concretan su adhesión al Fondo de Cooperación Municipal

Such, Rodríguez, Moliner, Puig y Sánchez en la reunión de ayer | GENERALITAT

L.B. | ANÁLISIS- El President de la Generalitat, Ximo Puig, y el director general de Cooperación Local, Antoni Such, se reunieron ayer con los presidentes de las tres diputaciones provinciales para tratar, entre otras cuestiones, su adhesión al Fondo de Cooperación Municipal, dotado con 100 millones aportados por Generalitat (30 millones), diputaciones (30 millones), Unión Europea (20 millones) y el Instituto Valenciano de Finanzas (20 millones).

La idea es que se atienda a los municipios del País Valenciano con más dificultades, sobre todo a aquellos con menor población, en base a criterios objetivos, es decir, «con un reparto nada arbitrario, discrecional y clientelar, en contra de lo que se había hecho hasta ahora», según apuntó el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, en la presentación del plan.

¿El problema? Que Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias pactaron y anunciaron la creación del Fondo antes de saber si participarían o no las diputaciones de Castellón y Alicante, ambas del PP. Por eso, de la reunión de ayer, Such ha destacado respecto al gobierno provincial alicantino que «está trabajando para obtener los recursos necesarios» para realizar su aportación al Fondo.

Sin embargo, aunque el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, se ha mostrado «predispuesto a estudiar la viabilidad de la iniciativa», asegura que irá aportando fondos a la misma «según se alivie la carga financiera que le produce la cobertura de los servicios sociosanitarios que corresponden a la Generalitat Valenciana», como son el Hogar Provincial, el Centro Doctor Esquerdo y el Instituto Pedro Herrero, «que suponen un gasto anual superior a los veinte millones de euros».

Es decir, que la Diputación de Alicante solo participará en el Fondo de Cooperación Municipal si se libera de la obligación de pagar unos servicios que debería asumir la Generalitat. En este sentido, Sánchez ha asegurado que ha «conseguido» el compromiso de Puig para crear una comisión mixta que propicie el traspaso de competencias sociosanitarias al gobierno autonómico. En realidad, la apreciación de Such es correcta, la Diputación de Alicante «está trabajando para obtener los recursos necesarios», pero el trabajo consiste en lograr liberarse de otras obligaciones haciendo que las asuma la propia Generalitat.

Por lo tanto, parece que la intención anunciada por el propio Such de forzar a la Diputación de Alicante a adherirse al Fondo para que aumente sus transferencias a municipios, que no supera el 7,5% de su presupuesto, no va a salir del todo tal y como pretendía el Consell.

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