El tripartito anuncia que recurrirá el fallo de lo Contencioso que le obliga a idemnizar con casi 20 millones a la promotora del complejo turístico y golf de Bacarot


Miguel Ángel Pavón, Gabriel Echávarri y Natxo Bellido. /FOTO: DANI MADRIGAL


REDACCIÓN|ALICANTE.- "Estamos ante otro pufo más del PP que tenemos que gestionar y otro ejemplo más de la negligente gestión del lamentable "tándem" Castedo-Alperi del urbanismo de la ciudad. Más de 20 millones de euros que tendríamos que pagar si la sentencia que da parcialmente la razón a El Plantío se hace firme", acaba de manifestar el concejal de Urbanismo de Alicante, Miguel Ángel Pavón después de que de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo que le obliga a indemnizar con 19,5 millones de euros a la promotora del complejo turístico El Plantío, situado en la partida de Bacarot, por los daños sufridos con la paralización de las obras tras la nulidad judicial de la licencia que le concedió el gobierno municipal del PP en el año 2005 tras el recurso presentado por el grupo municipal socialista, con el alcalde actual, Gabriel Echávarri, a la cabeza.

El juez de lo Contencioso-Administrativo 1 de Alicante estima parcialmente el recurso de la empresa Royal Class Resort , la cual reclamaba 50,7 millones al Ayuntamiento, y establece que sea indemnizada por el «daño emergente» ocasionado por el inicio y paralización de las obras, pero no por el lucro cesante ni por daños morales.

Declaración de Interés Comunitario de 1993

Pavón prosigue afirmando que "todo por otorgar Castedo una licencia a todas luces ilegal al incumplirse la Declaración de Interés Comunitario de 1993, la única que ampara el complejo de golf tras varios intentos fallidos de modificar la DIC para legalizar lo ilegalizable, uno de ellos también anulado en los tribunales gracias a un recurso que presentamos conjuntamente Esquerra Unida y Ecologistas en Acción".

"Esta es la buena gestión del PP en Alicante, se les debería caer la cara de vergüenza. De momento, desde el Ayuntamiento vamos a recurrir en apelación ante el TSJ la sentencia para evitar que adquiera firmeza y el consiguiente quebranto económico que supondría para las arcas municipales su ejecución. De nuevo estamos ante casos de licencias o planes parciales que el PP aprobó y que nunca debieron aprobarse por su manifiesta ilegalidad, como la licencia de los bungalows de Tabarca que invaden la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, la licencia de las viviendas que ocupan el entorno de protección del BIC de la Torre Placia o el propio Plan Rabassa, unas aprobaciones que posteriormente tumbaron los tribunales", añade Pavón.

El vicealcalde no se ha mordido la  lengua tras trascender este fallo judicial en primera instancia y añade: "El PP ha actuado de forma irresponsable y temeraria aprobando licencias o planes que favorecían intereses particulares en perjuicio del interés general, unos perjuicios que se concretan en forma de reclamaciones patrimoniales como la exigida por El Plantío o por Enrique Ortiz en el caso del Plan Rabassa y que podrían costar a todos los alicantinos y alicantinas muchos millones de euros".

El Ayuntamiento tuvo que abonar ya el pasado año a Hansa Urbana 18,4 millones de euros más los intereses en cumplimiento de un fallo del Supremo que en 2015 puso fin a una década y media de demandas en los tribunales. La disputa judicial entre Hansa Urbana y el Ayuntamiento se originó por el desarrollo del plan urbanístico Alicante Golf en la Condomina y los aprovechamientos municipales del suelo de esa zona de expansión.

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