Alegan que faltan informes económicos que garanticen que la aprobación del documento urbanístico no supondrá el desembolso de "indemnizaciones millonarias"



TONI GÁREZ (@tonigarez) | ALICANTE - El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado el catálogo de protecciones elaborado por la concejalía de Urbanismo, que dirige el edil Miguel Ángel Pavón, al entender que faltaba un informe económico que garantizase que su aprobación no supondría el pago de indemnizaciones millonarias.

La propuesta del equipo de gobierno ha sido desestimada con los votos en contra de PP, C’s y los dos ediles no adscritos, Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre, mientras que PSOE, Guanyar Alacant y Compromís han votado a favor.

Inicialmente, Pavón ha defendido que la aprobación de este documento es “un paso fundamental, de gigante”, en lo que “queda de ese patrimonio tan esquilmado” de Alicante. Del mismo modo, ha considerado que sería “un avance” para la definición del nuevo PGOU en el que trabaja su concejalía, puesto que serviría como “un elemento de inspiración”.

El documento, que ha sido sometido a tres periodos de información pública, contemplaba la protección de 870 elementos, de los cuales 661 se referían a patrimonio cultural, 148 a patrimonio natural y 61 a paisajístico.

Además, ha asegurado que todos los informes elaborados son “favorables” y que la secretaría general del pleno ya ha dejado claro que “el catálogo no es un plan general” y, por tanto, “no modifica la calificación del suelo”.

En contraposición, el portavoz popular, Luis Barcala, ha manifestado que ese informe de la secretaría general advertía de la posibilidad de indemnizaciones, debido a que gran parte de las protecciones contempladas en el catálogo se habrían adherido al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, el cual data de 1987.

Barcala ha criticado que la propuesta no adjuntase una memoria de viabilidad económica que, según él, es “imprescindible”, por lo que “no se ha evaluado el coste” que podría acarrear su aprobación. Incluso, ha señalado que, tal y como establece la ley, el responsable patrimonial en caso de tener que indemnizar no es únicamente el Ayuntamiento, sino todos aquellos concejales que votaran a favor.

En su opinión, la intención de Pavón no era otra que “condicionar el futuro desarrollo urbanístico de la ciudad con un instrumento” como el catálogo de protecciones, que lleva unos trámites de aprobación mucho más rápidos que un PGOU.

El portavoz popular ha incidido en que “hay defectos muy graves” en la redacción del catálogo presentado hoy por Pavón, si bien ha propuesto al concejal que retirase el punto para seguir trabajando en sus defectos. “No lo tiremos a la basura, ya ha tirado usted dos años”, le ha recriminado, si bien ha reconocido que “la mayor parte del catálogo es aprovechable”.
Tras vislumbrar que su propuesta podría no salir adelante, Pavón ha tachado el discurso de la oposición de “triste” y ha criticado que hablen “mucho de supuestos derechos económicos vinculados a agentes privados”.

“Parece que es lo único que les interesa, que se salvaguarden los diferentes intereses particulares. ¿Y los intereses generales quién los defiende? Aquí ha habido 20 años de urbanismo a la carta”, ha subrayado en referencia a la política urbanística de las anteriores corporaciones del PP, con Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo a la cabeza.

Apoyo "sin fisuras" de Echávarri

Por su parte, el alcalde, Gabriel Echávarri, ha apoyado “sin fisuras” la propuesta de su compañero de gobierno y ha coincidido en que el documento era “la primera pata para elaborar un PGOU”, después de “20 años en los que el PP, que estaba a otra cosa, fue incapaz” de aprobar otro nuevo.

“Basta ya de destruirnos a nosotros mismos, a nuestra memoria y lo que tenemos; Alicante no se merece un voto negativo, porque estaríamos permitiendo lo que se ha permitido muchos años: la ley de la selva en interés de unos pocos”, ha agregado.

La portavoz de C’s, Yaneth Giraldo, ha justificado su voto en contra, además de en las posibles indemnizaciones, en que “se está empezando la casa por la ventana”, pues, en su opinión, debería haberse empezado a tramitar primero el nuevo PGOU.

Cabe señalar que antes del debate político han intervenido tres asociaciones vecinales (Centro Tradicional, Benalúa – El Templete y Ciudad Elegida), en representación de once organizaciones más, y todas ellas han defendido la necesidad de aprobar el catálogo de protecciones “para recuperar la dignidad perdida” y evitar que la ciudad vuelva a caer “en manos de la especulación”.

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