Anticorrupción solicita más datos al consistorio para decidir si admite o archiva la denuncia contra Echávarri "y otros cooperadores necesarios" sobre un posible fraccionamiento de contratos


Gabriel Echávarri en una imagen de archivo | FOTO: TONY GARCÍA

REDACCIÓN | ALICANTE- 
El PSPV-PSOE en Alicante reta en un comunicado al portavoz municipal del PP, Luis Barcala, a que "haga públicos los nombres de las mercantiles que, según él, se han beneficiado ilícitamente de las contrataciones de la concejalía de Comercio." Según expresa el portavoz socialista, Lalo Díez, "no lo hará porque sabe perfectamente que no existe ninguna".

El portavoz socialista señala que ir a poner una denuncia en la Fiscalía no significa que exista un delito y recuerda para ello el caso de Ángel Luna que "hoy está libre de toda sospecha" mientras que "todos sabemos dónde está Rafael Blasco". Además, Díez arremete contra el Partido Popular por estar "podrido de corrupción mires donde mires" por ello, en su opinión, no debe "ir a dar lecciones a nadie cuando sabe perfectamente que en este Ayuntamiento ya no se hacen cosas de dudosa legalidad, como ha venido ocurriendo en los últimos 20 años cuando, por cierto, el señor Barcala era concejal del equipo de gobierno municipal".

Presunto fraccionamiento de contratos


El Partido Popular presentó una denuncia por el presunta prevaricación administrativa en la adjudicación de contratos del área de Comercio, que depende del alcalde Gabriel Echávarri, y ahora el fiscal Anticorrupción ha pedido más información al consistorio para decidir si admite o no a trámite la denuncia. 

A principios de abril, El Mundo descubrió "que algunas de las empresas a las que Comercio adjudicó contratos menores son en realidad la misma pero con distinto nombre". Días después, el mismo diario informó de que el jefe de servicio de Comercio, Mercados, Consumo, Sanidad y Protección, Diego Agulló, había emitido varios informes en los que justificaba la necesidad de las contrataciones pero advertía de que se podía estar incurriendo en un "posible fraccionamiento" al adjudicar algunos por separado. Precisamente el interventor municipal expresó las mismas reticencias al respecto de las contrataciones del área de Echávarri, aunque desde los servicios jurídicos se expresó que la necesidad de agrupar pagos "no debe interpretarse como una obligación de integrar en un solo contrato dos o más prestaciones aunque sean similares y puedan ejecutarse de forma conjunta, si entre ellas no existe un vínculo operativo".

A raíz de la polémica y las discrepancias suscitadas, el tripartito decidió anular los pagos temporalmente y solicitar un informe al Consell Jurídic Consultiu, un órgano dependiente de la Generalitat Valenciana, para que determine la legalidad de la contratación. Aunque de hecho, este es un requisito previo obligatorio para anular los contratos, según informa, de nuevo, El Mundo

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