El PP asegura que no es una denuncia en contra del valenciano sino en favor de la igualdad de oportunidades de los alumnos alicantinos y cree que el decreto es discriminatorio




TONI GÁREZ (@tonigarez) | ALICANTE - La Diputación de Alicante ha anunciado que ayer presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), mediante el cual han solicitado la nulidad del decreto de plurilingüismo impulsado por el conseller de Educación, Vicent Marzà, al entender que no se ajusta a derecho. Del mismo modo, y para evitar que se implante antes de que concluya el proceso judicial, han solicitado a la sala que imponga una suspensión cautelar del citado decreto.

Así lo ha explicado el portavoz del PP y del gobierno en la Diputación, Carlos Castillo, durante una rueda de prensa celebrada esta mañana en la cual ha detallado que, en opinión de su grupo, el decreto incumple varios artículos de la Ley de Usos del Valenciano, el Estatuto de Autonomía e, incluso, la Constitución Española.

Además, ha resaltado en varias ocasiones que la legitimidad de la institución provincial para presentar este recurso judicial viene recogida en la ley autonómica de régimen local y está avalada en la necesidad de “defender el interés general” de los ciudadanos de la provincia. En este sentido, ha destacado que la de Alicante “es la provincia más castellano hablante” de la Comunitat y que el decreto es, por ende, “un hecho de discriminación flagrante”.

Castillo ha justificado esta postura en el hecho de que el documento de Marzà “premia a aquellos alumnos que reciben una educación basada en un nivel avanzado de valenciano, ya que tienen acceso a mayor número de horas lectivas en inglés”.

“La idea de progreso aparece vinculada al estudio del valenciano”, mientras que la postura que defiende la Diputación es que “el inglés debe impartirse por igual en todos los ciclos formativos, con independencia de la lengua vehicular que se haya escogido”, ha subrayado.

Según ha desvelado, el número de colegios que se han decantado por el nivel avanzado hará que los alumnos de la provincia reciban “un 43 por ciento menos de carga lectiva en inglés que Castellón y un 15 por ciento menos que Valencia”.

Además, “el cuádruple de colegios que Castellón y más del doble con respecto a Valencia” se han decantado por el nivel básico, “el que conlleva menos horas de inglés y carece de certificación final del idioma”.

El portavoz popular ha insistido en que este recurso judicial “no es contra el valenciano”, sino que va enfocado a “garantizar la igualdad de oportunidades” de los alumnos alicantinos, “dentro de un modelo de libre enseñanza”.

Así, ha recordado que el gobierno autonómico del PP ya aprobó en 2012 un decreto por el cual se habilitaba la opción de estudiar en línea castellana o valenciana, un modelo que, para Castillo, consiguió “la convivencia pacífica” de ambas lenguas.

“Esta imposición normativa ha sido cuestionada desde un inicio”, ha opinado en referencia a las críticas y amenazas de denuncia efectuadas por diversos sindicatos educativos y AMPAS. Según el portavoz popular, el Consell “solo sabe hacer las cosas de dos formas, o por las buenas o vía decreto”, y ante esta última opción la Diputación ha decidido actuar.

Compromís habla de "ridículo"


El grupo Compromís en la Diputación ha tachado de "ridículo", además de irresponsable, este recurso del PP ante el TSJCV. De hecho, ha recordado al presidente, César Sánchez, que el Ministerio de Educación aceptó las explicaciones que la pasada semana le remitió Marzà. 

La formación que dirige Gerard Fullana ha opinado que, como ya hiciera con la Xarxa Llibres, el gobierno popular utiliza la educación como arma "en la guerra abierta que mantiene contra la Generalitat". Si bien, también ha atribuido el anuncio de hoy a "una cortina de humo" para frenar la repercusión de la denuncia que su partido político interpuso hace unas semanas contra el Patronato de Turismo de la Diputación por unas presuntas irregularidades durante la época del ex presidente José Joaquín Ripoll.

También por las malas reacciones que están cosechando los Presupuestos Generales del Estado y la inversión prevista para la Comunitat Valenciana, que será la autonomía que menos perciba de toda España. 

"Entre el ridículo y la extrema derecha es donde se situa César Sánchez con su recurso contra el plurilingüismo", ha zanjado Fullana. 

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