El sábado 18 de febrero, unas doscientas personas se manifestaron en la ciudad de Alicante junto con los trabajadores de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Alicante, AFEMA, a los que la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas adeuda cinco nóminas. 

Además, diez trabajadores han sido despedidos por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo, algo que ha obligado a eliminar buena parte de los servicios de atención comunitaria que desarrollaban, condenado a sus beneficiarios. 


Texto: LAURA BAGUR



AFEMA lleva 25 años trabajando en l'Alacantí. En la capital, gestiona viviendas supervisadas, el Centro de Día y el Centro de Rehabilitación e Integración Social de Ciudad Jardín, donde atiende a unas 400 personas adultas, entre afectados por enfermedades mentales graves y familiares.




Los trabajadores de AFEMA llevan ocho años sufriendo retrasos en el pago de sus nóminas. Cuando gobernaba el PP, la Generalitat llegó a tener una deuda con la entidad de 500.000 euros y a adeudar a los trabajadores hasta cinco nóminas consecutivas. 




No obstante, aunque el 'Gobierno del Botánico' ha ingresado una parte de la deuda de la Generalitat con AFEMA, sigue sin restituir los servicios eliminados ni la totalidad del dinero adeudado. De hecho, la Junta Directiva de AFEMA ha solicitado un concurso de acreedores voluntario. El contrato de gestión del CRIS de Ciudad Jardín finalizó para AFEMA en diciembre de 2015 tras cuatro años de prórrogas, y desde entonces el Consell debe aprobar los pagos en Pleno mes a mes, un sistema que supone que los retrasos sigan sucediéndose.




El Consell tampoco saca a concurso la gestión del CRIS, ya que la conselleria que dirige Mónica Oltra (Compromís) sigue trabajando en un nuevo modelo de contratación que incluya cláusulas sociales para garantizar que prime el bienestar de usuarios y trabajadores frente a los criterios econimicistas.




Sin embargo, mientras la conselleria prepara el nuevo modelo de contratación, los trabajadores de AFEMA siguen sin cobrar. Además, el CRIS de Ciudad Jardín está desabastecido de recursos y material para trabajar cada día y debido al despido de 10 empleados afectados por el ERTE, se han suspendido los programas de atención comunitaria de ocio, integración laboral, atención domiciliaria e intervención en el medio penitenciario. 


Una de las trabajadoras afectadas por el ERTE, Loreto Iborra, denuncia que la supresión de estos programas supone abandonar a las personas con enfermedad mental y a sus familiares. Muchos de los afectados, que podían vivir de forma plena en sus casas gracias a los programas de atención domiciliaria, tendrán que ser ingresados en centros donde se convertirán en pacientes, perdiendo dignidad y calidad de vida. 

En su opinión, el problema de fondo "es que sean las asociaciones y en general las iniciativas ciudadanas altruistas quienes tengan que cargar con unos servicios que debería asumir la administración autonómica".


Los trabajadores denuncian la "falta de talante negociador" de la Junta Directiva de AFEMA, que tomó de forma unilateral la decisión de aplicar el ERTE que ha supuesto el despido de diez trabajadores y la supresión de programas. No obstante, recalcan que la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas es "responsable en último término de la situación lamentable a la que hemos llegado".


37 colectivos convocaron la manifestación del pasado sábado para solicitar la anulación del ERTE y que se garantice la continuidad de los servicios prestados por AFEMA, que la Generalitat audite la gestión de la entidad bajo el control de la gente trabajadora, que de renovarse el contrato de gestión de los servicios con AFEMA se garantice el pago puntual de las nóminas y que de no renovarse, se asuma a la totalidad de la plantilla, incluyendo a aquellos que han sido despedidos. 

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