El juez les acusa de presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho e información privilegiada en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante

Con la notificación se cierra el periodo de instrucción de esta causa, que ha durado más de ocho años tras surgir como una pieza separada del Caso Brugal

Sonia Castedo y Diaz Alperi en una imagen de archivo. Foto: DANI MADRIGAL

TONI GÁREZ @tonigarez | ALICANTE - El juez Manrique Tejada ha decidido procesar a los ex alcaldes Luis Díaz Allperi y Sonia Castedo, ambos del PP, y al empresario Enrique Ortiz por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. En concreto, les acusa de haber incurrido, presuntamente, en los delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada.

Esta pieza separada del Caso Brugal llevaba más de ocho años en fase de instrucción, debido a los continuos retrasos ocasionados por la condición de aforados que en su día mantenían tanto Alperi como Castedo por ser diputados autonómicos. Tras hacer valer este privilegio y obligar al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante a remitir el auto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en 2014 ambos dirigentes decidieron renunciar a su aforamiento, por lo que todo el proceso volvió a su origen, es decir, al juzgado alicantino.

Ahora, el magistrado considera que los dos ex alcaldes favorecieron los intereses de Ortiz en el diseño del PGOU y da un paso hacia delante para una posible apertura de juicio oral. Junto a estos tres implicados, el juez también ha procesado al arquitecto Jesús Quesada, a los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermando de la ex dirigente popular), a los empresarios Ramón Salvador, Pablo Rico y Virgilio Ortiz (hermano del empresario) y al directivo de una mercantil Santiago Bernáldez, según han desvelado distintos medios de comunicación que han tenido acceso al auto del caso.

Satisfacción en EU


Enrique Ortiz. Foto: D. MADRIGAL
El vicealcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Miguel Ángel Pavón, ha expresado su “satisfacción” por esta decisión judicial y ha esperado que el proceso termine con un juicio en el que se puedan "dilucidar las posibles responsabilidades penales” de los acusados. 

Aunque Pavón ocupe ahora el cargo de vicealcalde bajo la formación de Guanyar Alacant, es militante de Esquerra Unida y fue uno de los miembros de la oposición más críticos con la ex alcaldesa Castedo. De ahí que haya querido destacar "el papel activo" de su partido base en esta causa, en la que está personado como acusación popular junto al PSPV-PSOE. También lo está el Ayuntamiento de la ciudad, en este caso como acusación particular, desde que en 2015 el tripartito alcanzar el gobierno de Alicante.


Echávarri y Bellido se contradicen


Sorprendentemente, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, se ha limitado a afirmar que todo este procedimiento "forma parte del pasado" de la ciudad. En este sentido, ha considerado que “los alicantinos ya han pasado página” y que desde el Ayuntamiento miran “hacia el presente y, sobre todo, hacia el futuro”. 

En cambio, el portavoz municipal y concejal de Presidencia, Natxo Bellido (Compromís), ha criticado al actual grupo del PP en el Ayuntamiento por hablar siempre de "olvidar el pasado", ya que, en su opinión, ese pasado "sigue siendo noticia" y pone de relieve que “la sombra de corrupción ha perseguido a este Ayuntamiento en las últimas legislaturas”.

Por ello, ha manifestado que la noticia, aún esperada, "no es positiva" ya que sigue siendo una prueba de "la hipoteca reputacional" que dejaron los populares en el Ayuntamiento de Alicante. Si bien, ha asegurado que el nuevo equipo de gobierno ya ha conseguido eliminar esa lacra. 

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